Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disolver las Cortes y de convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio, ayer se celebró un Consejo de Ministros extraordinario en el que el Ejecutivo dio luz verde a varias normas, dos de ellas en materia de materia de energía. La primera de ellas relativa a la renovación energética de los edificios judiciales y la segunda sobre la financiación del bono social.
Por un lado, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se autoriza la fijación de los límites de los compromisos máximos de gasto a adquirir con cargo a ejercicios futuros a fin de posibilitar al Ministerio de Justicia llevar a cabo proyectos vinculados al Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, en concreto el relativo al Componente 11, Inversión 4.
Esta autorización se efectúa en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Ministerio de Justicia ha manifestado la necesidad de iniciar la tramitación anticipada de un expediente de obras para la mejora de la eficiencia energética de los edificios judiciales, proyecto vinculado al componente 11 ‘Modernización de las Administraciones Públicas’, inversión 4 ‘Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado’, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En concreto estas actuaciones se identifican con el objetivo 171 ‘Renovación energética en edificios públicos’ con el que se pretende al menos 140.000 metros cuadrados de renovaciones energéticas completadas en edificios públicos que logren, por término medio, una reducción de al menos 30% de la demanda de energía primaria. El expediente de obras referido tiene un importe de 12.602.473,53 euros previsto para el ejercicio 2024. El detalle de los compromisos totales a adquirir con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria mencionada anteriormente, sumados a los ya existentes, según nivel de vinculación, es el siguiente:
El detalle de los compromisos totales a adquirir con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria mencionada anteriormente, sumados a los ya existentes, según nivel de vinculación, es el siguiente:
| 2024 | |
| Nuevas necesidades | 12.602.473,53 |
| Crédito retenido | 25.923.691,21 |
| LÍMITE DE COMPROMISO MÁXIMO A ADQUIRIR | 38.526.164,74 |
En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha autorizado por parte del Consejo de Ministros la elevación de límites para adquirir compromisos de gasto en el ejercicio 2024 en los términos previstos.
Financiación del bono social
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia destinado a financiar modificaciones de crédito por un importe total de 127.807.211,72 euros. Con esta cantidad se dará cumplimiento a una sentencia indemnizatoria que data de 2017 en concepto de financiación del bono social y de cofinanciación con las administraciones públicas de aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén en riesgo de exclusión social.
La asignación de Fondo de Contingencia que se contempla en este Acuerdo tiene como finalidad la financiación de una modificación presupuestaria, por el citado importe. En concreto, se trata de una ampliación de crédito en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por dicha cantidad.
